La vigencia del Estado de Derecho depende, fundamentalmente, de la confianza de la ciudadanía en su gobierno y en las leyes que lo rigen. Para ello es indispensable una actuación íntegra y transparente de la autoridad, que brinde a los ciudadanos la certidumbre de que cuentan, en todo momento, con instituciones que garantizarán el respeto a sus derechos mediante la aplicación de la ley. Es también obligación del Estado promover la adecuación del marco legal para que éste sea justo y responda a la realidad nacional, de manera tal que la ciudadanía esté convencida de que su interés está mejor protegido dentro de la legalidad que al margen de ella.
La desigualdad, vale explicitarlo, es uno de varios críticos factores que influyen sobre la marcha de un proceso de desarrollo. Pesan también otros factores como son el nivel educativo y sanitario de la población; el desarrollo científico y tecnológico; la competitividad del sistema económico, de sus cadenas de valor, de sus redes productivas y de las unidades económicas que lo conforman; el cuidado de su medio ambiente; el grado de cohesión social prevaleciente; la efectividad y transparencia de la gestión pública. El impacto de estos factores sobre el desarrollo se hace sentir en todos los países y localidades, aunque con las singularidades propias de cada conjunto de circunstancias nacionales y locales. De este modo, corresponde reconocer que las acciones destinadas a abatir la desigualdad no pueden considerarse una condición suficiente para asegurar un desarrollo sustentable y evitar crisis sistémicas pero sí constituyen una condición necesaria, imprescindible. Pero también los factores críticos están, de una forma u otra, entrelazados; se influyen y condicionan unos a otros. No siempre queda claro cuál de ellos es causa o efecto ya que las relaciones mutan según las circunstancias y, con ellas, el peso específico que cada factor adquiere en la evolución de una sociedad
La vigencia del Estado de Derecho depende, fundamentalmente, de la confianza de la ciudadanía en su gobierno y en las leyes que lo rigen. Para ello es indispensable una actuación íntegra y transparente de la autoridad, que brinde a los ciudadanos la certidumbre de que cuentan, en todo momento, con instituciones que garantizarán el respeto a sus derechos mediante la aplicación de la ley. Es también obligación del Estado promover la adecuación del marco legal para que éste sea justo y responda a la realidad nacional, de manera tal que la ciudadanía esté convencida de que su interés está mejor protegido dentro de la legalidad que al margen de ella.
ResponderEliminarLa desigualdad, vale explicitarlo, es uno de varios críticos factores que influyen sobre la marcha de un proceso de desarrollo. Pesan también otros factores como son el nivel educativo y sanitario de la población; el desarrollo científico y tecnológico; la competitividad del sistema económico, de sus cadenas de valor, de sus redes productivas y de las unidades económicas que lo conforman; el cuidado de su medio ambiente; el grado de cohesión social prevaleciente; la efectividad y transparencia de la gestión pública. El impacto de estos factores sobre el desarrollo se hace sentir en todos los países y localidades, aunque con las singularidades propias de cada conjunto de circunstancias nacionales y locales. De este modo, corresponde reconocer que las acciones destinadas a abatir la desigualdad no pueden considerarse una condición suficiente para asegurar un desarrollo sustentable y evitar crisis sistémicas pero sí constituyen una condición necesaria, imprescindible.
ResponderEliminarPero también los factores críticos están, de una forma u otra, entrelazados; se influyen y condicionan unos a otros. No siempre queda claro cuál de ellos es causa o efecto ya que las relaciones mutan según las circunstancias y, con ellas, el peso específico que cada factor adquiere en la evolución de una sociedad